La convención sobre los derechos de las personas con discapacidad es un tratado de derechos humanos firmado por muchos países para reconocer el derecho de las personas con discapacidad a participar en toda la vida de la sociedad, sin discriminación de ningún tipo.
Porque a lo largo de los años fueron vulnerados los derechos de las personas con discapacidad a la vida independiente, a la educación, al empleo libre, a la igualdad de oportunidad, a la accesibilidad a todos los ámbitos, etc. Esto hizo necesario un acuerdo para reconocer y asegurar los derechos de las personas con discapacidad.
La argentina aprobó la Convención por ley 26.378. La Convención tiene jerarquía constitucional por ley 27.044.
Se considera personas con discapacidad a las personas que tienen alguna deficiencia motriz, sensorial, intelectual o mental y que no pueden participar de manera plena y en igualdad de condiciones en la sociedad porque se encuentran con alguna barrera que se los impide. Por ejemplo:
- Una persona con una deficiencia motriz que se desplaza en silla de ruedas tiene discapacidad cuando la ciudad no tiene rampas.
- Una persona con una deficiencia visual tiene discapacidad cuando las señales no están escritas en Braille.
- Una persona con una deficiencia auditiva tiene discapacidad cuando no dispone de un intérprete de lengua de señas.
- Una persona con una deficiencia intelectual tiene discapacidad cuando no hay a su disposición textos en lenguaje sencillo.
Los derechos que reconoce la convención a las personas con discapacidad son los mismos derechos que a todas las personas. Entre otros, el derecho:
- A la vida.
- A la educación en igualdad con todos y todas.
- Al empleo libre.
- A la vida independiente.
- A la capacidad jurídica.
- A la no discriminación.
- A la salud.
- A acceder a la justicia (reclamar ante los jueces, ser testigos, etc).
El derecho a la educación inclusiva es el derecho de las personas con discapacidad a educarse en las mismas escuelas que el resto de las personas. Para asegurar ese derecho, los Estados tienen la obligación de dar apoyo para que las personas con discapacidad puedan educarse en igualdad con los demás. Los Estados también tienen la obligación de garantizar que las personas con discapacidad accedan a la educación superior y al aprendizaje durante toda la vida.
El derecho a vivir en forma independiente es el derecho que tienen las personas con discapacidad a elegir con quién y dónde vivir. Para que ese derecho sea real, los Estados que firmaron la Convención tienen la obligación de dar todos los apoyos necesarios para que las personas con discapacidad puedan vivir como elijan y no sean aisladas.
La convención también reconoce que las personas con discapacidad tienen derecho a formar una familia, tener relaciones sexuales, tener hijos, mantener su capacidad reproductiva, etc. Ningún niño puede ser separado de sus padres porque alguno de ellos tenga discapacidad.